El investigador Marco Fernández explicó que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto se registró un aumento el número de los asesores y supervisores en educación Básica y normal, así como una nueva figura: la de los subdirectores administrativos. Además, con la implementación de la Reforma Educativa, se detectó una transferencia de puestos de maestros a puestos administrativos y el pago a personal inexistente.
Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- La impunidad y la corrupción en el uso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) provocaron que de 2008 a 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontrara irregularidades por 6 mil millones de pesos. En ese periodo el órgano auditor interpuso 125 denuncias, de las cuáles 123 están en proceso de integración, una se desechó y otra se contestó con un amparo.
De acuerdo con una investigación realizada por México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey, no se recuperan 3 de cada 10 pesos utilizados irregularmente, a pesar de la evidencia y la documentación qué hay sobre el mal uso de ese dinero.
Marco Fernández, investigador que coordinó el estudio “La impunidad en la nómina magisterial: uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo“, dijo que entre 2008 y 2014, cuando estaba el Fondo de de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), la ASF detectó irregularidades “enormes”; lo más escandaloso de entonces fue el pago a los comisionados sindicales que no daban clases.
Se encontraron gastos que no se acreditaban, recursos que no se ejercían, depósitos a cuentas no se reconocían, aumentos hasta del 9 por ciento en el gasto y sobrejercicios hasta del 14 por ciento.
“Hubo, resultado del fondo, 24 estados que ganaron y siete que perdieron en la distribución de los recursos. Aguascalientes tuvo 24 por ciento más, a Oaxaca también le fue bien. Perdieron Jalisco y Yucatán, por lo que se tuvo que crear un fondo compensatorio. Hubo negociaciones políticas, entre autoridades federales y los estados y las presiones de las secciones locales de los sindicato”, explicó.
También se encontraron pagos adicionales, bonos, estímulos e incluso se metieron plazas que el gobierno estatal pagaba con sus propios recursos, por ejemplo, Baja California Sur logró un ahorro por transferir una parte de su nómina a la nómina federal.
En este sentido, se encontró un aumento el número de los asesores y supervisores durante la administración de Enrique Peña Nieto y una nueva figura: los subdirectores administrativos.
Con la implementación de esa Reforma Educativa, se detectó una transferencia de puestos de maestros a puestos administrativos y el pago a personal inexistente.
“Esto refleja un ingenio de la tranza. Aguascalientes, Colima, Durango y Tlaxcala incurrieron en estas prácticas. La auditoría hace los pases de lista para ver que el personal con cargo a la nómina esté y encuentra que más de 100 mil personas no están.
Sobre esto señaló que hay pagos también que no son ilegales porque están reconocidos pero que “llaman la atención”: 17 entidades federativas pagaron a secretarios de entidad, secretarias y 32 millones de pesos a choferes de altos mandos, operadores de equipo de comunicación, columnistas y asistentes.
“Cuando vemos si se castiga o no, lo resultados preocupan. Se presentaron 125 denuncias ante la PGR y dese 2008 están en integración. Nadie ha sufrido una consecuencia penal”, añadió.
Las irregularidades más graves se detectaron en Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila que acumularon 100 millones de pesos en pagos indebidos a comisionados sindicales de 2015 al segundo periodo de 2018.
México Evalúa calcula que son 2 mil 529 millones de pesos que son desviados cada año del fondo educativo.
